Hjalmar Gibelli | Blindaje contra el engaño: ¡La realidad del fraude en seguros!
DAT.- Detectar un intento de estafa antes de que se convierta en una pérdida financiera irreversible es el mayor desafío que enfrentan las instituciones financieras modernas. Hjalmar Gibelli, empresario con amplia trayectoria en el sector asegurador, sostiene que el fraude no es un delito sin víctimas, sino una práctica que encarece las primas para todos los usuarios honestos. Desde la simulación de accidentes menores hasta la falsificación de informes médicos complejos, estas conductas han evolucionado con el uso de tecnologías digitales, obligando a las compañías a robustecer sus departamentos de auditoría y a implementar algoritmos de inteligencia artificial para identificar patrones de comportamiento sospechosos en tiempo récord.
La integridad del contrato de seguro se basa en la buena fe de ambas partes, un principio que se quiebra cuando un asegurado intenta obtener un beneficio económico indebido. Muchas personas incurren en lo que se conoce como «fraude blando», como inflar ligeramente el valor de un objeto robado o reclamar daños preexistentes, sin ser plenamente conscientes de que están cometiendo un acto ilícito con implicaciones legales serias. Mantener la sostenibilidad de las pólizas depende de la capacidad del sector para educar al consumidor sobre la transparencia, asegurando que los recursos estén disponibles para quienes realmente sufren una pérdida legítima y necesitan el respaldo de su cobertura.
Señales de alerta en el radar de los peritos
Los investigadores de fraudes han desarrollado un ojo clínico para identificar anomalías que pasan desapercibidas para el ojo inexperto. Una de las señales más comunes es la inconsistencia cronológica: incidentes que ocurren muy poco tiempo después de contratar la póliza o justo antes de que esta expire. Asimismo, las reclamaciones que carecen de testigos o que presentan documentación fotográfica sospechosamente perfecta suelen levantar banderas rojas. En el ámbito de los seguros de salud o vida, las discrepancias entre el historial clínico previo y los síntomas declarados tras un supuesto siniestro son indicadores clave que activan protocolos de verificación profunda.
Otro patrón recurrente es la presión excesiva por parte del reclamante para obtener un pago rápido. Si bien el cliente tiene derecho a una indemnización ágil, la urgencia desmedida y el rechazo a proporcionar información adicional necesaria suelen ocultar intentos de evitar una inspección detallada. Los expertos también prestan atención a los «siniestros de papel», eventos que están perfectamente documentados de forma administrativa pero que carecen de una base física lógica, como accidentes vehiculares donde los daños reportados no coinciden con la dinámica del choque o la resistencia de los materiales involucrados.
Consecuencias legales y el impacto en el mercado
Participar en un esquema de fraude acarrea repercusiones que van mucho más allá de la simple denegación del pago. Los implicados suelen ser incluidos en bases de datos de fraude compartido, lo que les impide contratar cualquier tipo de seguro en el futuro o acceder a créditos bancarios debido al daño en su reputación crediticia y moral. A nivel penal, estas acciones pueden derivar en sentencias de prisión y multas económicas que superan con creces el monto que se pretendía defraudar originalmente. La justicia moderna es cada vez más estricta con los delitos de cuello blanco, entendiendo que el fraude desestabiliza la economía de las empresas y perjudica la confianza pública.
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El impacto social también es profundo, ya que las aseguradoras deben ajustar sus modelos de precios para cubrir el margen de pérdidas generado por los engaños. Esto significa que un padre de familia o un pequeño empresario termina pagando una póliza más costosa debido a las acciones de terceros deshonestos. Para Hjalmar Gibelli, fomentar una cultura de prevención y denuncia es la única vía para garantizar que el seguro cumpla su función social de protección. La transparencia no es solo un requisito legal, sino la garantía de que el sistema de protección financiera permanezca accesible y justo para las generaciones venideras.
(Con información de Hjalmar Gibelli)
